El Gobierno intensifica el control sobre los fijos discontinuos. El departamento dependiente de Trabajo ha enviado más de 37.000 cartas a empresas en las que considera que hay indicios de que las personas con un contrato fijo discontinuo prestan su actividad de forma continuada o que cubren necesidades indefinidas con un acuerdo de carácter temporal. Estas comunicaciones suponen el primer paso del procedimiento sancionador y en ellas, la Inspección concede a las compañías un plazo de un mes para revisar estos acuerdos laborales y transformarlos en indefinidos ordinarios si cree que debería hacerlo. Al terminar este plazo, si la compañía no ha hecho ninguna de las dos cosas, se iniciarían otras actuaciones inspectoras por parte del organismo, como la visita al centro de trabajo. La Inspección ha puesto el foco sobre 77.210 relaciones laborales, de las que 27.096 son de personas contratadas como fijas discontinuas y 50.114 temporales

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